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Hacienda firma un Convenio con el CERMI para agilizar los trámites administrativos

04/06/2013

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y el CERMI han suscrito una adenda al Convenio de Colaboración suscrito en su momento en materia de atención e inclusión de la discapacidad en el ámbito de la Administración electrónica y la atención al ciudadano y han firmado un nuevo Convenio de colaboración para la eliminación y reducción de cargas administrativas especialmente dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias.

Ambos documentos, suscritos por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, y el presidente de CERMI, Luis Cayo Pérez, permitirán agilizar la realización de diversos trámites de las personas con discapacidad y sus familias ante las Administraciones Públicas, como la solicitud de certificados de discapacidad, o la relación entre los centros de empleo y la Administración.

Para ello, se desarrolla el proyecto ‘Las Cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad’ por el que el CERMI, en colaboración con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, hará un análisis de las obligaciones de información derivadas del cumplimiento de la normativa vigente que afecten a personas con discapacidad y a sus familias, y, a su conclusión, presentará un informe final sobre reducción de cargas administrativas y mejora de la normativa.

Igualmente, el Convenio amplía los supuestos de los suscritos anteriormente entre ambas partes en el ámbito de la Administración electrónica y la atención al ciudadano.

En opinión de Beteta, “si la Administración ha de ser cercana con todos los ciudadanos, habrá que hacer un mayor esfuerzo con aquellos colectivos que tienen más dificultades”.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas ha estado acompañado por el subdirector general de Organización y Procedimientos, Javier Amorós, mientras que acompañaban al director de CERMI, Luis Cayo Pérez, la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, y el gerente, Luis Alonso Calzada.

“La política de reducción de cargas administrativas es un instrumento clave para alcanzar la recuperación económica y mejorar la competitividad empresarial, mediante la eliminación de obstáculos que frenan el desarrollo de las empresas. Por otra parte, es una contribución clara para elevar progresiva y permanentemente la calidad de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía”, concluyó Beteta.